Acerca de Injusta Justicia

En América Latina se ha visto el sistema penal como uno de los canales principales para lidiar con problemas sociales y entre ellos, la violencia. Esta mirada limitada tiene buena acogida en muchos gobiernos, donde la política de “mano dura” y el populismo penal llevan a priorizar políticas represivas por encima de políticas sociales que atiendan estructuralmente las causas.

No ha sido diferente en cuestiones de sexualidad, reproducción y autonomía de los cuerpos.  Promover el punitivismo se ha convertido en una práctica común para organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, mujeres, personas tomadoras de decisión, políticas y financiadoras. Sin embargo, esta tendencia podría resultar en el fortalecimiento y la legitimación de una de las peores prácticas de nuestros frágiles estados: el sistema punitivo. El uso excesivo del derecho penal tiene lugar en el contexto de las estructuras económicas neoliberales como la economía de la salud global, los complejos industriales del ámbito sanitario y penitenciario, la militarización y la violencia estructural, la trata de personas y el creciente uso por parte de los Estados del sistema de justicia penal como respuestas a los problemas económicos y sociales.  

Se promueve esta penalización con el argumento de ofrecer protección y preservar la moral, pero se opera dentro de los sistemas patriarcales, institucionalizando el racismo y la opresión que mantienen y refuerzan las estructuras transversales de desigualdades, incluyendo las basadas en la raza, la etnia, la clase, la identidad de género, la sexualidad, la orientación sexual, la ubicación geográfica, el estatus jurídico, la (dis)capacidad, la salud, la edad y la religión.

A pesar de los esfuerzos realizados para adoptar leyes que criminalizan las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, a menudo, los problemas estructurales que dan lugar a estas violaciones de derechos pierden prioridad. De acuerdo a nuestra experiencia en el ámbito de la defensa de la justicia sexual y reproductiva, el derecho penal no ha impedido adecuadamente esta impunidad, ni ha podido poner fin o reducir de forma satisfactoria las violaciones de derechos sexuales y reproductivos hacia adolescentes. 

Las organizaciones y colectivos que conformamos Injusta Justicia creemos necesario ampliar el debate sobre las violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Consideramos necesario generar espacios para analizar, debatir y definir una estrategia integral que no solo se apoye en la criminalización como vía de respuesta para combatir las violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es por eso que la campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal, el punitivismo y el proteccionismo como estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Injusta Justicia busca colocar en el foco de atención a las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y la estrategia punitivista para proteger derechos sexuales y derechos reproductivos; permitiendo analizar los impactos que éstas tienen en la vida y autonomía de adolescentes.

En Injusta Justicia no tenemos -ni pretendemos tener- las respuestas, buscamos generar el debate que necesitamos para proponer estrategias transformadoras.  Asimismo nos preguntamos, ¿es posible re-pensar en otras formas de hacer justicia, acompañamiento y reparación a sobrevivientes? Injusta Justicia nos invita a tener estos diálogos, a pensar en alternativas al sistema punitivo y penal y construir otras formas de hacer justicia.

Injusta Justicia es coordinada por RESURJ, Vecinas Feministas y Balance e impulsada en conjunto con Aireana, BECA, Casa Rara, Intersecta, Las Ramonas, REDI, Surkuna y Tik Na’Oj, organizaciones y colectivas feministas de toda la región.