Contexto regional
En las últimas dos décadas, los países de América Latina han trabajado en conjunto -a nivel regional y global- en campañas para desnaturalizar y nombrar las formas de violencia que viven las mujeres, niñas, personas LGBT y otros grupos vulnerables. Desde entonces, han sucedido varios cambios importantes; por ejemplo, para tratar la violencia doméstica y violencia entre parejas; la tipificación del feminicidio o femicidio, que en algún momento se llamaba "crimen pasional"; la eliminación de medidas que criminalizaban la homosexualidad (Panamá fue el último país en hacerlo en 2018); y la creación de leyes para poner fin a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, -aunque la segunda es menos frecuente-. Por otro lado, México, Guatemala, El Salvador, Belice, Panamá, Colombia, Ecuador y Suriname todavía cuentan con leyes que criminalizan algunos aspectos de exposición al VIH, la no divulgación y/o transmisión del virus.
En la región, la edad mínima de consentimiento legal para relaciones de edad y la edad mínima para que adolescentes puedan contraer matrimonio, son dos aspectos importantes que pueden tener implicaciones o impactar directamente en los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y sus vidas.
En la mayoría de los países existe una edad mínima para contraer matrimonio y se establecen excepciones a edades más tempranas que implican contraer con autorización parental o judicial. Algunos pocos países no permiten el matrimonio por debajo de la mayoría de edad. Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas son una realidad en la región y algunas estrategias para combatirla son punitivistas e impactan en la autonomía de niñxs y adolescentes.
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La edad mínima de consentimiento legal para relaciones sexuales es la edad a partir de la cual lxs adolescentes pueden consentir legalmente tener relaciones sexuales. Cualquier relación sexual por debajo de esta edad es considerada hecho punible.
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Fuente tablas:
Diagnóstico sobre legislación y políticas públicas sobre matrimonio infantil y uniones tempranas en las Américas. Washington, DC: Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos, 2019.
El Consenso de Montevideo reconoce que la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas clave en la vida y el desarrollo de las personas. Reconoce también que el despliegue público con perspectiva de derechos humanos para atender estas etapas ha sido limitado y que la actual situación demográfica en la región demanda abrir oportunidades y garantizar derechos para esta población. Así mismo, señala el compromiso de atender las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes, preocupándose por los altos y desiguales niveles de embarazo en la adolescencia que se registran en la región que suelen estar asociados, en particular entre las menores de 15 años, a uniones forzadas, abuso y violencias sexuales.
En Mira Que Te Miro podrás encontrar un análisis transversal de un mapeo en América Latina para identificar el avance que se ha tenido en el desarrollo de marcos legales y de políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de la población adolescente. Se identificó que los países que mejor cumplen con los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo respecto a educación sexual integral, servicios amigables de salud sexual y salud reproductiva, programas para evitar la deserción escolar y para abordar la violencia de género, son los que evidencian mejores indicadores sociodemográficos vinculados a los DSyR de las y los adolescentes. Sin embargo, todavía hay brechas para lograr que las políticas sean integrales y multisectoriales y que, además, se garantice el ejercicio pleno de los derechos de las adolescentes en los países de América Latina y el Caribe.
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