Cómo surge Injusta Justicia

 

Las integrantes de RESURJ comenzamos a reflexionar sobre el uso de la criminalización como respuesta a las violaciones de DSyDR cuando en muchos de nuestros países [1] se aprobaron leyes para abordar la violencia de género, incluida la mutilación genital femenina, la prohibición del matrimonio infantil, entre otras cuestiones sociales, sin una estrategia integral de cómo abordar las causas profundas de tales violaciones.

 

Las integrantes participamos en discusiones profundas sobre la amenaza del castigo penal y, en particular, el encarcelamiento, que en nuestros contextos y desde nuestra experiencia empírica, no conducen a cambios en el comportamiento o las actitudes de los perpetradores, y por otro lado no considera el impacto en las sobrevivientes. Además, este enfoque se percibió en nuestro análisis inicial como una forma en la que nuestros gobiernos “aliviaban” sus obligaciones de desarrollar e implementar políticas integrales para abordar las violaciones de derechos de manera más adecuada o de invertir en estrategias de prevención de esas violaciones.

 

Desde nuestro trabajo siempre hemos impulsado medidas que contribuyen a un comportamiento positivo y un cambio de actitudes a través de intervenciones tales como educación integral en sexualidad, acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y rompiendo los tabúes y el estigma asociados con estos problemas. Sin embargo, al ver la tendencia que estaba generando cambios en las leyes, nos sentimos incómodas, en parte porque estaban ocurriendo en muchos países, porque no había una discusión profunda dentro de nuestros movimientos sobre pensar en otras formas, pero también porque no podíamos articular un mensaje claro que pidiera una pausa para repensar nuestras estrategias.

 

También, sentíamos (y seguimos sintiendo) que como movimiento a veces retomamos términos que asumimos son comunes, pero que cuando los analizamos a profundidad nos damos cuenta de que no estamos de acuerdo, términos como erradicar el matrimonio infantil no terminan de esclarecer cuál es la estrategia y si de verdad estamos tomando en cuenta las necesidades de las personas que están viviendo lo que queremos englobar con esos términos prefabricados.

 

Permitirnos esta conversación inicial preparó el escenario para lo que ahora es un área principal del trabajo de RESURJ. En 2016, RESURJ hizo lo que sabe hacer mejor -articular con feministas del sur global- y organizó una reunión interregional para compartir nuestras preguntas y preocupaciones con colegas feministas del sur para poder profundizar en nuestro análisis, del que resultó una declaración sobre los límites de las políticas penales para abordar violaciones de derechos sexuales y un seminario virtual sobre criminalización para compartir experiencias de diferentes países y contextos, así como comenzar a explorar cuáles son las posibles alternativas a la criminalización.

 

Desde entonces, RESURJ ha continuado identificando aliadas en todos los movimientos que trabajan en diferentes enfoques de criminalización, interactuando con feministas sobre el tema, explorando alternativas y profundizando nuestro análisis colectivo, centrando ese análisis desde una mirada feminista, más joven, del sur global.

 

En nuestros distintos momentos de análisis, se ha subrayado mucho cómo las desigualdades y los sistemas de opresión forman parte no sólo de las causas estructurales de dichas violaciones de derechos, sino que también, esas desigualdades y marginaciones son perpetuadas e incluso profundizadas a través del sistema penal.

 

Todo este trabajo nos llevó a comisionar una investigación documental que cuestionara desde una mirada feminista a las intervenciones de la justicia penal para abordar las violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos. El informe “examina las formas en que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos pueden prevenirse y abordarse, posibilitando un enfoque más integral que no se incline demasiado hacia el derecho penal o que sólo se centre en él. El informe analiza medidas preventivas, incluidas aquellas para abordar las causas estructurales, el uso de un enfoque o solución interseccional, la educación sexual integral, la movilización de la comunidad y las actividades de incidencia, así como medidas de respuesta adoptadas después de que las violaciones hayan tenido lugar, como la justicia restaurativa”.

 

 

En abril de 2019 nos reunimos con las Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y con Balance para pensar los límites del punitivismo como estrategia de defensa de derechos sexuales y reproductivos en América Latina y Caribe. Discutimos qué le estamos pidiendo a los Estados cuando pedimos más derecho penal y más cárcel, nos cuestionamos qué modelo de sociedad estamos proponiendo como feministas cuando por un lado pedimos menos derecho penal (como en el caso del aborto), pero a la vez pedimos más derecho penal (como en el caso del femicidio/feminicidio).

 

Decidimos que queríamos poner el énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes. Entonces, nos pareció importante explorar cómo afecta el uso del derecho penal y las leyes proteccionistas en la autonomía sexual de adolescentes en su diversidad. Durante la discusión nos dimos cuenta cómo uno de los factores que vulneran es el de generalizar o el de basar una regla en el peor caso posible y no en casos reales; por eso, nos parecía fundamental que la campaña diera a conocer casos concretos porque era la forma de dar voz y cabida a esas historias; y también porque nos permiten ver de forma tangible lo que implican esas leyes y políticas en una persona específica.

 

Después de un trabajo de investigación entrevistando socias y aliadas encontramos todo tipo de casos. Varios son los que ahora forman parte de la campaña, pero también encontramos casos en personas adultas y otros donde el problema no era el texto de la ley, sino las consecuencias no queridas o no esperadas de la aplicación de las leyes. Así como encontramos casos, encontramos 8 organizaciones socias [2] para continuar esta reflexión y profundizar sobre el tema en esta región.

 

Injusta Justicia no tiene ni pretende tener respuestas. Lo que queremos es profundizar el debate sobre las estrategias feministas de defensa de derechos sexuales y reproductivos, específicamente cómo podemos construir abordajes integrales que garanticen la autonomía y los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes en la región. Queremos seguir pensando cómo construir alternativas realmente transformadoras. Injusta Justicia pretende ser un canal más para tener este debate impostergable para los feminismos en América Latina.