Andrea
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En Guatemala, los hospitales y centros de salud del país cuentan con personal de la fiscalía, el registro civil y personal de salud para agilizar trámites y protocolos. Es por eso que se ha vuelto muy común que las niñas y adolescentes embarazadas se vean obligadas por el personal público a declarar quien es el progenitor del bebé. En las comunidades indígenas y zonas rurales de Guatemala se conoce de la presencia de la fiscalía en los centros de salud, es por eso que Andrea prefiere no hacerse revisiones. Por temor a exponer a Juan a las consecuencias legales de una denuncia penal, Andrea prefiere no acercarse a los centros de salud para el control prenatal y el parto, poniendo en riesgo su salud y la del bebé. Este caso es un ejemplo de cómo las leyes proteccionistas aunque puedan partir de buenas intenciones del Estado, pueden tener otras consecuencias como que las niñas y adolescentes que son madres se alejen de servicios de salud.
Otro hecho vinculado, es que en Guatemala el Registro Nacional de las Personas (RENAP) hace obligatorio que les recién nacides sean registrades en el centro de salud. Esto puede tener algunas consecuencias en el caso de niñas y adolescentes que son madres. Por un lado, la guarda legal queda automáticamente en manos de padres, madres o adultos encargados del cuidado de las niña y adolescentes que son madres. Esto puede generar que por un lado, las niñas o adolescentes no tengan voz en la crianza de sus hijxs; y por otro lado, que la situación de dependencia pueda ser utilizado para limitar la autonomía de las adolescentes. Es por eso que se ha vuelto común que las niñas y adolescentes que son madres esperen hasta cumplir la mayoría de edad para hacer el registro. Hasta entonces, sus hijes no existen para el Estado, y -entre otras consecuencias graves- no tendrán ningún acceso a servicios públicos como los de salud y educación.
Por otro lado, las niñas y adolescentes que son madres que prefieren no acercarse a centros de salud -como en el caso de Andrea- suelen recurrir a comadronas. El Estado, sin embargo, ha puesto muchas barreras para que las comadronas puedan atender a adolescentes en sus partos, agravando la situación de vulnerabilidad de elles y sus madres. Casos como el de Andrea, en los que las niñas y adolescentes que son madres se enfrentan a múltiples barreras para la inscripción de sus hijxs, son comunes en varios países de la región.
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Es necesario crear e implementar programas de educación sexual integrales que permitan abordar los temas de sexualidad respetando la autonomía progresiva de adolescentes. Los programas de educación sexual integrales deben incluir a progenitores y personas cuidadoras de adolescentes para romper con los estigmas y tabúes vinculados a la sexualidad. De esta forma se evitaría el uso inadecuado del proceso penal - como en este caso el protocolo en caso de violación- como un posible “castigo”, consecuencia de las decisiones que toman adolescentes sobre su sexualidad.
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Es necesario modificar el paradigma de abordaje de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los Estados, para abandonar la priorización del punitivismo y priorizar el bienestar de niñas y adolescentes. Entre otras cosas, esto evitaría que niñas y adolescentes se alejen de servicios públicos de salud.
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Es necesario profundizar en los diálogos entre las organizaciones de sociedad civil para trabajar en conjunto y así fortalecer la garantía y el ejercicio de la autonomía progresiva de niñxs y adolescentes.
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En relación a la guarda legal, en casos como este, el Estado debe garantizar la regularización de la guarda legal de niñas y adolescentes; reduciendo las barreras y evitando futuras complicaciones como en casos similares al de Andrea.
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Es necesario habilitar mecanismos para que las niñas y adolescentes que dan a luz con comadronas puedan registrar a sus hijes sin barreras que dificulten el proceso.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en Guatemala:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: