Lucía
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En Paraguay, la edad de consentimiento legal para tener relaciones sexuales es 14 años. Sin embargo, el Código Penal contiene el tipo penal de “actos homosexuales con menores” (artículo 138). Este tipo penal castiga a cualquier persona mayor de edad que “realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo” de “14 a 16 años” y establece una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa. Este es un tipo penal discriminatorio porque es un tipo agravado de estupro (art. 137) con una pena más elevada y sin la posibilidad de prescindir de la pena cuando la persona autora sea menor de 18 años. Es decir, la penalización en sí misma es discriminatoria por razón de orientación sexual.
En el caso de Lucía, este tipo penal fue manipulado y usado por sus padres para separarla de Alex. Durante el proceso penal, luego de la apertura de la carpeta fiscal, tanto los padres como el fiscal fueron muy explícitos al explicar que si la pareja se separaba, cesaría el proceso penal. Para garantizar que la pareja se separe, se recurrió a tipo de salidas alternativas al proceso penal, que establecía -entre otras conductas- la prohibición de que Alex se acercara a Lucía. En ningún momento del proceso se consideró la voluntad y los sentimientos de Lucía. Al contrario, Lucía y Alex fueron forzados a separarse para evitar consecuencias penales.
Situaciones similares a esta suceden en países como Argentina, Venezuela y México, donde el sistema penal se manipula con el fin de “separar” a parejas de adolescentes y así controlar sus vidas.
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La existencia misma de tipos penales como este es una discriminación por razón de orientación sexual y/o identidad de género y los procesos derivados de estos suelen estar alimentados fuertememente por prejuicios y violencias homo-les-bo-transfóbicas. Por ello, es necesario evitar que el sistema y el proceso penal sean utilizados como un arma para profundizar la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género.
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Es necesario contar con una educación sexual integral que permita abordar los temas de sexualidad respetuoso de la autonomía progresiva de lxs adolescentes. Los progenitores y funcionariado público deben ser parte activa de los sistemas integrales de educación sexual, para evitar la utilización del proceso y el sistema penal como un “castigo” o una forma de control por las decisiones que toman adolescentes sobre sexualidad. Además, esto permitiría superar el silencio y los tabúes vinculados a la sexualidad.
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Es necesario que los Estados evalúen la aplicación de las políticas punitivas con el fin de identificar posibles efectos o consecuencias no intencionadas que suceden en la práctica. Estas consecuencias pueden impactar de forma desproporcionada la autonomía sexual de adolescentes y/o en la garantía de sus derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en Paraguay:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: