María
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A María le falló su familia y le falló el Estado. La mamá de María, sin autorización de su hija, revisó su celular y sus conversaciones privadas con Lucas. Sin tomar en consideración los deseos o la voluntad de María, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Lucas y le prohibió a María volver a ver a su novio, aunque María en ningún momento dijo haberse sentido lastimada o dañada por Lucas en su relación.
Si bien fue la mamá de María quien presentó la denuncia, fue el Ministerio Público quien decidió perseguir a Lucas por el delito de pederastia. Este delito establece que todas las relaciones sexuales, consentidas o no, con personas menores de 18 años son punibles, sin distinguir entre niños, niñas y adolescentes. Por ello, aunque María declaró que las relaciones sexuales que sostuvo con Lucas fueron consensuadas, Lucas fue encontrado culpable y condenado a 12 años de prisión.
Lucas agotó todas las instancias de justicia en México para intentar revocar su condena, llegando incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin éxito. Solamente uno de los ministros se pronunció a favor de reconocer que las y los adolescentes, como María, pueden otorgar su consentimiento para sostener relaciones sexuales.
El delito de pederastia sigue vigente en el Código Penal de Veracruz al día de hoy. El consentimiento de las y los adolescentes veracruzanos, según la ley penal, es irrelevante. Las leyes de Veracruz criminalizan el ejercicio de la sexualidad de las y los adolescentes.
- Es urgente posicionar a adolescentes como sujetos de derechos humanos y no sólo como objetos de protección, en relación con el principio de autonomía progresiva. De acuerdo con este principio, el Estado está obligado a respetar el ejercicio independiente de sus derechos en atención a los procesos de maduración y de aprendizaje por los que adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y de sus derechos humanos. Siempre que haya datos que indiquen que hubo pleno consentimiento, el Estado no tendría por qué interferir en la esfera privada de las y los adolescentes.
- Es necesario pensar en alternativas para proteger a las personas adolescentes que no involucren medidas punitivas que se enfocan en criminalizar sus relaciones sexo-afectivas consentidas. En cambio, se debe optar por reconocer su derecho a la salud sexual y reproductiva y establecer programas que garanticen su acceso pleno a este derecho.
- Es imperativo escuchar a las personas adolescentes en los procesos penales, para evitar que el sistema penal se vuelva un “castigo” o una forma de control de las decisiones que toman adolescentes sobre su sexualidad. Esto, además, permitiría superar el silencio y los tabúes vinculados a la sexualidad durante la adolescencia e incluso, evitar situaciones de violencia o abuso.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en México:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: