Cristina
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En Ecuador, para los trámites de adopción bastaría que una persona manifieste su deseo de dar en adopción a través de un trámite administrativo. Pero en la práctica, en el caso de niñas y adolescentes que quieren dar en adopción, lo usual es hacer un trámite judicial. Es en ese proceso que el juzgado determinó que lo “apropiado” era que el bebé permanezca con Cristina “porque es la madre”. El juez llegó a esta decisión sin tomar en cuenta la voluntad de Cristina, quien no quiere hacerse cargo del bebé.
En este caso pueden verse cómo operan los estereotipos de género en las decisiones de operadores de justicia. Que sin importar la voluntad y las condiciones de una niña, adolescente o mujer, el hecho de gestar convierte a las mujeres en las personas más idóneas para cuidar a un bebé, inclusive en contra de su voluntad.
Por otro lado, los Estados deben incorporar el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) para garantizar que la voluntad de las personas con discapacidad sea considerada y respetada. El caso de Cristina pone en evidencia que, con frecuencia, los sistemas de salud y el Poder Judicial asumen la incapacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre sus vidas y desconocen o ignoran la aplicación del marco de derechos que establece la CDPD; generando serias vulneraciones a los derechos de las personas con discapacidad.
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Los Estados deben garantizar la voluntad y libre autodeterminación de las personas con discapacidad, de acuerdo a como lo establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto también implica que el todo el personal público debe ser capacitado para garantizar su aplicación.
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Es necesario que los Estados generen sistemas de apoyo y cuidado integrales para personas con discapacidad y sus familias. Esto permitiría garantizar los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes con discapacidad.
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También se debe brindar los apoyos necesarios para que las adolescentes con discapacidad tomen decisiones de forma libre e informada. Esto debe incluir la generación de salvaguardas adecuadas que eviten que la voluntad de adolescentes con discapacidad sea sustituida por terceras personas.
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Se debe garantizar que los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres no se vean violentados por decisiones judiciales que reflejan y perpetúan prácticas patriarcales y estereotipos relacionados con el género.
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Es necesario que los Estados avancen para la erradicación de estereotipos relacionados a las personas con discapacidad, como los prejuicios sobre su (in)capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en Ecuador:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: