Jaime
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El Código de la Niñez y la Adolescencia (art. 5) establece que existe un deber de denunciar cualquier violación de derechos de niño, niñas y adolescentes. Pero además, las personas que están a cargo de la guarda, educación y cuidado de niñxs y adolescentes tienen una obligación adicional de denunciar. Por esta razón, la sicóloga del colegio de Jaime se encuentra en la obligación legal de denunciar el abuso que él sobrevivió.
Para que una persona denuncie, es necesario que cuente con una serie de herramientas que le permitan llevar la denuncia tanto emocional como materialmente. En algunos casos hacer una denuncia implica grandes pérdidas, como alejarse de su comunidad y familia, perder estabilidad económica por rupturas de vínculos familiares, entre otras situaciones complejas. Entonces, si una persona no está dispuesta a denunciar, puede ser porque no está emocionalmente dispuesta a llevar sus implicaciones, como son la duración del proceso y la constante revictimización. Además, en la región, la impunidad e ineficiencia por parte de los sistemas de justicia dificultan aún más los procedimientos, lo que se traduce en mayores cargas emocionales y obstáculos que con frecuencia las sobrevivientes prefieren evitar.
En el caso de niñxs y adolescentes, el principio del interés superior de la niñez de la Convención de los Derechos del Niño establece que se deben poner los derechos y el bienestar de la niñez por delante de todo. Esto incluye ciertas normas que aplicadas a rajatabla, pueden generar más daños que beneficios. Es decir, hacer una denuncia no puede estar por encima del bienestar del niñx o adolescente.
- Para que lxs adolescentes sobrevivientes puedan llevar una denuncia a cabo, deben contar con sistemas de apoyo y cuidado, tanto para el bienestar físico y emocional, como en los ámbitos económicos y de vivienda.
- Es necesario que los Estados evalúen la aplicación de las políticas formuladas con el fin de identificar posibles efectos o consecuencias no intencionadas que suceden en la práctica. Estas consecuencias pueden impactar en la autonomía sexual de adolescentes y/o en la garantía de sus derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Es necesario profundizar en los diálogos entre las organizaciones de sociedad civil para trabajar en conjunto y así fortalecer la garantía y el ejercicio de la autonomía progresiva de niñxs y adolescentes.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en Paraguay:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: