Paola
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El Protocolo de Atención y Víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de Guatemala establece que en el caso de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, es obligatoria la denuncia y contar con la presencia del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y/o el Juzgado de Paz; que debe presentarse presencialmente en el hospital o centro de salud como parte del procedimiento.
En las zonas rurales de Guatemala es común que jueces/juezas tarden varios días en hacerse presente en los hospitales y centros de salud. En consecuencia, las niñas y adolescentes permanecen “internadas” hasta que el juzgado llegue. Al ser tan común que permanezcan varios días -a veces incluso semanas- en los hospitales, se ha percibido este procedimiento como una forma de castigo. Es decir, padres, madres y tutores legales de adolescentes utilizan este procedimiento -obligando a sus hijas a decir que fue una violación- para castigarlas por mantener relaciones sexuales.
Casos como el de Paola se han vuelto comunes en zonas rurales y aisladas, donde el acceso a los servicios públicos y a la justicia es limitado.
- Es necesario crear e implementar programas de educación sexual integrales que permitan abordar los temas de sexualidad respetando la autonomía progresiva de adolescentes. Los programas de educación sexual integrales deben incluir a progenitores y personas cuidadoras de adolescentes para romper con los estigmas y tabúes vinculados a la sexualidad. De esta forma se evitaría el uso inadecuado del proceso penal -como en este caso el protocolo en caso de violación- como un posible “castigo”, consecuencia de las decisiones que toman adolescentes sobre su sexualidad.
- Protocolos adecuados a la realidad: Al momento de generar protocolos hay que tomar en consideración las distancias y cantidad de jueces, juezas y funcionariado público disponible para evitar entorpecer los procedimientos. A pesar de que esta medida parte de la buena intención de garantizar un proceso de investigación efectivo, las limitaciones en la aplicación de la norma tiene un efecto adverso para las niñas y adolescentes que resulta desproporcionado.
- Es necesario que los Estados modifiquen el paradigma de abordaje de los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, es necesario alejarse de prácticas que priorizan el punitivismo y se centran en la persecución de perpetuadores. En vez, es necesario invertir y favorecer en la prevención de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. Modificando así los estereotipos de género y reduciendo las violencias hacia las niñas, adolescentes y mujeres.
- Es necesario profundizar en los diálogos entre las organizaciones de sociedad civil para trabajar en conjunto y así fortalecer la garantía y el ejercicio de la autonomía progresiva de niñxs y adolescentes.
La campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal y el punitivismo como estrategia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. Entre otras, la campaña busca poner la atención sobre las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y cómo esto impacta en la vida y autonomía de adolescentes. En ese sentido, Injusta Justicia no tiene todas las respuestas ni pretende tenerlas, sino busca generar el debate y tener las discusiones que necesitamos como feministas para proponer estrategias y alternativas transformadoras centradas en las sobrevivientes. Te invitamos a formar parte de estos diálogos.
Política y marcos normativos sobre derechos sexuales y reproductivos en Guatemala:
Políticas que pueden impactar las vidas de adolescentes en la región: